La derrota

J. Enrique Olivera Arce

Estando por cumplirse los primeros seis meses del mandato presidencial de Felipe Calderón, éste ha tenido que apechugar la derrota de su partido en la búsqueda de la gubernatura de Yucatán. Confirmándose en los hechos que en la entidad que en el 2006 mayoritariamente inclinara la intención del sufragio a favor del candidato presidencial del PAN, a menos de un año de distancia ésta le volteó la espalda.

Lo anterior no tendría nada de extraordinario si la derrota del PAN hubiere ocurrido en el tercero o cuarto año del mandato calderonista y si, como se ha venido anunciando de manera tan prolija, el PRI hubiera avanzado en su proceso de rescate y reconstrucción. Factores de diversa índole y peso específico se habrían acumulado cuantitativa y cualitativamente como para justificar la voltereta.

Luego no es una circunstancia menor la derrota sufrida por el blanquiazul, precisamente cuando el presidente Calderón hace esfuerzos extraordinarios por superar el carácter minoritario de su mandato y legitimarse como auténtico titular del poder ejecutivo federal por mandato popular, así sea cobijándose bajo la sombra de las fuerzas armadas y emprendiendo una guerra por tiempo indefinido a satisfacción de las demandas clasemedieras de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

La derrota va más allá de una coyuntura desfavorable a las fuerzas locales del panismo en Yucatán, o el reposicionamiento de un PRI liberado de la influencia negativa de un Roberto Madrazo y su pugna con la trapecista Elba Esther Gordillo. El triunfo del PRI habría que ubicarlo dentro del contexto nacional en el que el tricolor, pese a su fractura y actual pérdida de rumbo, juega un papel determinante en las estrategias de largo plazo de la ultraderecha. Si el PAN no es suficiente para el logro de los propósitos de ésta, una alianza de facto entre los dos partidos más representativos del espectro político de México es más que necesaria. Sin mayoría en el Congreso y sin el apoyo de los gobernadores priístas, las reformas estructurales con las que se pretende entregar el país a las poderosas trasnacionales energéticas, de la comunicación y alimentarias, simplemente no pasan.

Pero para que tal alianza se de, el PAN debe conservar el sartén por el mango. Sin la capacidad de maniobra que da el contar con el ejercicio pleno del poder presidencial y el sometimiento de la mayoría de los gobernadores, el PRI se engallaría, recurriendo al chantaje, como ya está de hecho sucediendo. Acotando y reduciendo a la medida de sus propias necesidades, intereses y caprichos, al poder emanado de Los Pinos. Luego parece fuera de lugar la hipótesis de la concertacesión en Yucatán y sí muy objetivo el considerar la derrota en las urnas como real, y como un verdadero golpe a los intentos de legitimación de Calderón Hinojosa; quien pierde la única gubernatura con la que contaba en el Sureste de México, pieza clave en el proyecto de nuevo impulso al Plan Puebla-Panamá.

Bajo esta óptica, no es de extrañarse que en el proceso electoral veracruzano el PAN vaya con todo, dispuesto a recuperar el terreno perdido. Entre otras cosas, recurriendo a la guerra sucia, propiciando que el proceso se convierta en un auténtico cochinero, con objeto de enturbiar el mandato de Herrera Beltrán en busca precisamente del voto de castigo que en Yucatán le resultara adverso. Situación que de darse, desde ya pone en entredicho la actual estrategia del gobernador veracruzano de involucramiento en la vida interna de su partido y conducción del proceso de selección de abanderados del tricolor. Resultando igual de cuestionable la estrategia del CDE que preside Ricardo Landa, enfocada más a declaraciones triunfalistas y de descalificación anticipada de los delegados federales, que a reconstruir la maltrecha estructura partidista.

Cierto que Veracruz no es Yucatán, pero es indudable que en el ánimo de Calderón Hinojosa nuestra entidad es algo más que la ínsula de aquí no pasa nada en tanto seamos fieles. Su valor estratégico rebasa nuestras fronteras y está en la mira.

Se ganará la actual batalla pero no la guerra


J. Enrique Olivera Arce

Sin de ninguna manera pretender minimizar el esfuerzo del gobierno mexicano por someter a la delincuencia organizada, bien vale la pena contextualizar el llamado del presidente Calderón a la participación activa de la sociedad en esta tarea, dentro del marco de una realidad inobjetable: no se pueden pedir peras al olmo.


El pueblo de México es conciente de que los objetivos deseables por alcanzar con la guerra contra la delincuencia, por más loables que estos sean, serían insuficientes si no se hacen acompañar por otras medidas como el combate a la corrupción y el reencauzamiento de la actividad política nacional por el camino del bien común, entre otras. Lo cual no se inscribe en la agenda presidencial.


Si atendemos al concepto que mejor representa el trabajo del general austriaco Von Clausewitz, “la guerra es la política por otros medios”, tendríamos que aceptar que la guerra contra la delincuencia organizada tuvo su etapa previa en el ejercicio de la política, como instrumento para hacer prevalecer el Estado de Derecho por sobre conductas antisociales y, ante el fracaso de ésta, entonces pasar a la etapa de la confrontación de la violencia contra la violencia, con el objetivo de hacer prevalecer el imperio de la ley y con ello preservar al Estado mexicano. No se dio así. Antes al contrario, la prevalencia previa de un vacío de poder resultante de la crisis que por más de dos lustros atraviesa la vida política del país y el achicamiento del Estado como consecuencia de las políticas neoliberales, cedieron el campo y la iniciativa a los poderosos consorcios de la droga, a los que hoy se combate.


El Estado mexicano se derrotó a sí mismo mucho antes de diagnosticar la gravedad de un problema latente, definir la estrategia a seguir para combatir la creciente presencia del narcotráfico y declararle la guerra a este flagelo. La corrupción, las políticas pactadas en el llamado consenso de Washington, y la pérdida de rumbo de la clase política, le ataron de manos. Hoy enfrenta a la delincuencia organizada en una guerra no convencional, con un gobierno débil obligado a recurrir a aquellos medios que, como las fuerzas armadas, por lógica están llamadas a intervenir únicamente como última instancia. Si estas son derrotadas, el Estado queda en una franca indefensión.


Frente a este riesgo, el presidente Calderón, tardíamente convoca a la sociedad a sumarse al combate, mandándola a la guerra prácticamente sin fusil. Los partidos políticos, llamados a aglutinar y movilizar la voluntad popular para que la ciudadanía acepte el riesgo que implicaría el involucrarse en el combate, carecen de credibilidad a más de no estar organizados para una tarea de tal magnitud. Pues es más que sabido que están más preocupados y ocupados en los procesos electorales -que definen la pugna coyuntural por el poder-, que en cumplir con su papel frente a la sociedad. Preocupación y ocupación en la que no se inscribe la participación ciudadana.


Luego el llamado presidencial es como un llamado más a misa. Se involucrará quien quiera, como quiera y hasta donde quiera, asumiendo el riesgo personal, por ejemplo, de denunciar un presunto ilícito en la ventanilla equivocada. La corrupción imperante está en todos lados, el riesgo es demasiado alto.


De ahí que llame la atención el que en esta guerra intestina no figure entre las prioridades ni el combate a la corrupción, ni el rescate y fortalecimiento de la política, orientando a ésta a la búsqueda del bien común a través de la participación libre y democrática de la ciudadanía en aquellos menesteres que son de su incumbencia, como el representarse legítimamente a sí misma en la vida partidaria, parlamentaria, e incluso en la conducción del gobierno.


Una sociedad secuestrada por la partidocracia, poco o nada puede hacer en un combate tan desigual como el que plantea el involucrarse en una guerra, sin saber a ciencia cierta quien es el enemigo en un frente de batalla en el que priva lo mismo el fuego cruzado que el fuego amigo. El presidente Calderón, las fuerzas armadas, y los tres órdenes de gobierno están solos en la tarea que se echaran a cuestas. Si la intención de Calderón al declarar la guerra fue el legitimarse, como en su tiempo Carlos Salinas lo hiciera con el “quinazo”, el tiro podría salirle por la culata. Sin la participación activa, consecuente y organizada de la sociedad como él mismo lo está aceptando, podría ganar la actual, cruenta y desgastante batalla, pero no la guerra.




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Los niños, medida de todas las cosas


J. Enrique Olivera Arce

En informaciones periodísticas se atribuye al gobernador del estado haber afirmado que tanto “querientes como malquerientes” reconocen su labor al frente de la administración pública de la entidad. Que bueno que así sea, para eso se le paga y se le paga bien; tiene a su disposición todos los recursos técnicos, humanos y financieros del gobierno estatal, y disfruta de canonjías y privilegios de los que no goza ningún otro veracruzano. Al margen de la connotación que en términos de racionalidad pudieren tener los calificativos empleados por el gobernante, debemos darnos por bien servidos reconociendo que cumple con la obligación y deberes propios del encargo para el que fue electo.


No así es el caso del gabinete. El más gris de que se tenga memoria, y en torno al cual querientes y malquerientes coinciden en que no está a la altura de la capacidad, ritmo e intensidad con que se desempeña el titular del ejecutivo. Mucho menos de los requerimientos de gobernancia propios de una entidad federativa especialmente compleja, y de la atención que exigen rezagos históricos en materia de justicia social. Las expresiones peyorativas con las que el Secretario General de Gobierno descalifica el perfil de los delegados federales, establece el común denominador del bajo nivel de los funcionarios de primer nivel.


En este paradójico contexto se enmarcan las declaraciones -hasta ahora no desmentidas oficialmente- de Octavio Hernández Lara, Coordinador del Movimiento de apoyo a niños trabajadores de la calle, A.C. (“Matraca”) a un diario local, en las que se afirma que a nivel nacional Veracruz ocupa el lugar 29 en atención a la infancia, destacándose que actualmente existen 340,500 infantes en total indefensión.


A lo que nosotros agregamos: si los niños veracruzanos no están bien, no es posible ni conducente afirmar machaconamente: “Vamos bien; Veracruz late con fuerza”, como se destaca en los manidos slogans de la promoción mediática de imagen de la actual administración pública veracruzana. El estado que guarda el bienestar de los niños es la medida, en tanto estos son la expresión más elocuente del nivel de deterioro de la familia veracruzana que, lejos de mejorar acusa un constante retroceso.


En tanto la desigualdad y la pobreza se mantengan intocables, sujeta en su combate a paliativos demagógicos de corte electorero, muy difícil resulta aceptar que Veracruz marcha por el camino correcto. Pese a las buenas intenciones del gobernante, su ir y venir por todo el estado, y su política de cercanía con la gente, los problemas sustantivos del desarrollo están intocados. Subsisten los altos niveles de marginación, analfabetismo, insalubridad, desempleo, con especial énfasis en las comunidades indígenas remontadas en las regiones serranas. Los integrantes del gabinete ni idea tienen de lo que significa enfrentar las tareas del desarrollo, porque tampoco tienen la más mínima idea de lo que en términos técnicos y políticos representa una concepción racional, equilibrada y sustentable de planeación del desarrollo regional.


Lo cotidiano es la inmediatez, acciones inconexas, palos de ciego en la coyuntura, que se reflejan en lo contradictorio de las declaraciones de los señores funcionarios de primer nivel a los medios de información, cuando reciben y acatan instrucciones para ello, sin el mínimo de iniciativa propia y congruencia con la realidad que vive Veracruz. Baste saber que una dependencia que no sabe diferenciar objetivos de crecimiento económico de los que corresponden al desarrollo en su más amplia acepción, a bombo y platillo anuncia la creación de miles de empleos, en su mayoría temporales, así como del otorgamiento de otro tanto de miles de micro créditos destinados al autoempleo; medidas que fortalecen la ocupación informal pero que no contribuyen a resolver problemas estructurales de fondo de una economía estancada. U otra, presuntamente llamada a velar por los derechos de los trabajadores, reflejando a su interior lo que ya es común en el sector empresarial de la entidad, acepta sin más que un alto porcentaje de su personal no percibe un salario digno ni cuenta con derechos laborales.



Las incongruencias que a diario se observan dejan mucho que desear del gobierno estatal en su conjunto. Querientes y malquerientes reconocen el esfuerzo del gobernante en turno, pero en tanto subsista la desigualdad y la pobreza, generadoras de niños en condición de calle ó sujetos a explotación laboral y violencia, de ninguna manera se puede afirmar que el 95 por ciento de la población comulga con el desempeño de la administración pública veracruzana.



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