Honestidad. Lo deseable frente a lo imposible
Por J. Enrique Olivera Arce
Considerando una vieja y justificada demanda de adelgazamiento del aparato administrativo gubernamental, el anuncio de un plan de austeridad y ahorro en la administración pública en Veracruz cae en tierra fértil, debería merecer reconocimiento de la población al mismo tiempo que interpretarse como señal de voluntad de cambio por parte del titular del ejecutivo.
Más, para los que saben de la diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión, que estiman la medida como correcta y plausible el privilegiar inversión por sobre gasto improductivo. Gastar menos para hacer lo mismo, o un plus de ser posible, en el manejo de la administración gubernamental, a la par que invertir un mayor caudal de recursos en bienes de capital, como podría ser obra pública o apoyos al aparato productivo implicando efectos multiplicadores, tanto en la dinámica económica y social de la entidad como en las finanzas gubernamentales.
Así que por principio de cuentas, bienvenida la iniciativa del gobernador en su por ahora tempranero propósito de aplicar honestidad, austeridad y racionalidad como prioridad en su administración.
Lo que no se dijo y quizá sea lo más relevante, es que al mismo tiempo el plan de austeridad debería contemplar el establecer estándares e indicadores de eficiencia y eficacia que, en cada una de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal, permitan evaluar desempeño y transparencia en resultados medibles y cuantificables que den cuenta del avance en el hacer más con menos. Punto de partida para entonces si hablar de honestidad, rendición de cuentas y credibilidad en la acción de gobierno.
No obstante, partiendo de experiencias previas recientes y el desconocimiento del aún pendiente Plan Estatal de Desarrollo, el ambicioso anuncio del gobernador tiene diversas aristas a considerar para su cabal aceptación y, en su caso, plena credibilidad por parte de una población en su mayoría legos en materia administrativa y financiera. Pues una cosa es querer y otra materializar un buen propósito que incida en equidad y bienestar para los veracruzanos.
En primer término, a mi modesto entender, no se habla de una límpia a fondo que libere a la administración de una corrupción enquistada que a no dudar se encargaría de dar al traste con los buenos propósitos del gobernador. Tampoco queda claro a cuanto ascienden los montos destinados a pago de nómina de los burócratas de los niveles más bajos del escalafón, por cierto mayoría, y cuanto es lo que se eroga en pago de sueldos u honorarios, compensaciones, bonos de productividad, viáticos, pasajes, vehículos, y minucias dispendiosas como gastos diversos sin comprobar, entre otras cosas, de la alta burocracia.
Habría que aclararlo, pues ahí está el pero que obliga a pensar que lo deseable se enfrenta a lo imposible.
En segundo término, no queda claro a que se destinará el ahorro estimado de 6 mil millones de pesos. Quedando la impresión en una opinión pública desinformada que el destino prioritario final de la inversión se aplicaría a la “reconstrucción” derivada de las afectaciones de los dos mini huracanes que golpearan a la entidad en el 2010.
No obstante, no se detalla a cuanto asciende el daño a cubrir por parte del gobierno federal, el estatal, y los sectores privado y social. Un adecuado desglose sería pertinente a favor de la certeza y transparencia de una medida en principio correcta en su intención, sin que se preste a malos entendidos; habida cuenta de que en el imaginario popular lo que implícitamente se busca es pagar deudas y sanear arcas públicas en bancarrota, puesto que el metódico y sistemático saqueo del erario bajo la administración de Fidel Herrera Beltrán se dio previamente a los fenómenos naturales que, habiendo afectado a la entidad, se tomaran como
pretexto para justificar lo injustificable.
no podemos hacer de lado que también es del dominio público que el gobernador Duarte de Ochoa hereda un estado inercial de cosas en el que entre los diversos rubros que integran el gasto corriente, el mayor peso específico recae en el amiguismo, el despilfarro, la injustificada presencia en nómina de varios cientos de seudo servidores públicos que conocidos como “aviadores”, “comisionados”, o “asesores externos”, no sólo jamás han dado golpe en las dependencias a las que nominalmente están asignados, sino que incluso, adicionalmente a los altos emolumentos que se les asignan, obtienen al paso de los años el beneficio de una jugosa jubilación.
Se dice de una conocida e influyente familia que hasta sus nietos no natos ya figuran en el organigrama de la administración pública veracruzana.
Ejemplos sobran. Bastaría con señalar el buen número de agraciadas jovencitas que, sin más mérito que su proclividad a la liviandad, prestaran sus servicios carnales a cambio de figurar en la nómina gubernamental con escandalosos ingresos y prebendas económicas y políticas. Nada de esto dejó de percibirse por la opinión pública a lo largo de los últimos seis años.
Irregularidades, dispendio y criminal saqueo, que por cierto el Congreso local se ha negado a reconocer en el análisis de la Cuenta Pública del período 2004-2008. No es nada circunstancial que por disposición del ex gobernador Herrera Beltrán se “blindara” la información sobre el gasto larvario de la promoción mediática del gobierno de la fidelidad.
No hay que ir muy lejos para trasmitir confianza y credibilidad en los buenos propósitos de un plan por principio plausible. Bastaría con clarificar donde y por qué, figuran en la nómina gubernamental tanto una “clase” política parasitaria, como “líderes sociales”, periodistas, amigos, ministros de culto y hasta mágicos gurús yerbateros, que medran a la sombra del poder en turno, y entonces sí, actuar en consecuencia; tomándose las medidas pertinentes para corregir y adelgazar el gasto corriente socialmente oneroso con honestidad transparencia y buen juicio.
Pero antes que cancelar la oportunidad de los humildes al acceso a un modesto empleo gubernamental, es imprescindible aceptar con objetividad que, en las quebradas finanzas públicas estatales y municipales, por comisión u omisión, la corrupción en los mandos superiores y no el número y presunta displicencia de la burocracia menor, es la responsable. ¿Es ello posible?
Pretender ocultar la realidad a los ojos de los mandantes, no es honesto ni merece credibilidad. Tampoco se modifica la percepción de que el pretendido cambio en propósitos y objetivos en la administración pública veracruzana, no deja de ser simple gatopardismo. La corrupción e intereses políticos diversos, mata buenos propósitos de inicio de gestión.
Por último, entre otras consideraciones, para no seguir aburriendo a mis tres lectores, estimo que la honestidad en los servidores públicos, efectivamente no debería ser “un discurso”, como afirmara el gobernador Duarte. Se sustenta en la honestidad intelectual para aceptar que lo prioritario es el mandato popular expresado en las urnas y no caprichos coyunturales, excesos mediáticos y conductas ética y moralmente impropias de quienes están obligados a servir con honradez, eficiencia y eficacia en su desempeño.
Si nos atenemos al anuncio en cuestión del joven gobernante, la credibilidad en el propósito se gana con frugalidad y racionalidad en el ejercicio del gasto corriente, equilibrado manejo de las finanzas públicas y un combate frontal a la corrupción, como norma de conducta de un gobierno honesto dispuesto a romper con un pasado lamentable. ¿Podrá entonces el Dr. Duarte frenar la inercia heredada y revertir la tendencia al saqueo que aún tiñe de rojo a su administración?
Insisto de manera reiterada. Hechos concretos, no palabras que no modifican la realidad, legitimarán a la recién estrenada conducción de la administración pública veracruzana.
Mientras a la inercia heredada no se le ponga un hasta aquí, honestidad en el servicio público no pasará de ser eso, “discurso” sobre las mejores intenciones del gobernador de Veracruz. Perseguir penalmente a ediles y funcionarios de municipios de la menor relevancia, por presunta deshonestidad en el manejo del erario público, no basta. Se alborota a los ratones y se consienten a las ratas.
El gasto de inversión es otro rollo. En este renglón tan urgente como necesario es poner también freno al alto nivel de negocios que, con cargo al erario, tienen lugar mediante el tráfico de influencias, evidente corrupción e impunidad en el ámbito de mandos medios y superiores. Los casos del “Negro” Rafael Cruz, y el “hermano incómodo” de Fidel Herrera Beltran, diputados que se desempeñaran como alcaldes y alcaldes ahora diputados o funcionarios del primer círculo del gobierno estatal, son paradigmáticos. Esto, por ahora, no viene al caso comentar pero está presente en el imaginario popular.
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