Los niños, medida de todas las cosas


J. Enrique Olivera Arce

En informaciones periodísticas se atribuye al gobernador del estado haber afirmado que tanto “querientes como malquerientes” reconocen su labor al frente de la administración pública de la entidad. Que bueno que así sea, para eso se le paga y se le paga bien; tiene a su disposición todos los recursos técnicos, humanos y financieros del gobierno estatal, y disfruta de canonjías y privilegios de los que no goza ningún otro veracruzano. Al margen de la connotación que en términos de racionalidad pudieren tener los calificativos empleados por el gobernante, debemos darnos por bien servidos reconociendo que cumple con la obligación y deberes propios del encargo para el que fue electo.


No así es el caso del gabinete. El más gris de que se tenga memoria, y en torno al cual querientes y malquerientes coinciden en que no está a la altura de la capacidad, ritmo e intensidad con que se desempeña el titular del ejecutivo. Mucho menos de los requerimientos de gobernancia propios de una entidad federativa especialmente compleja, y de la atención que exigen rezagos históricos en materia de justicia social. Las expresiones peyorativas con las que el Secretario General de Gobierno descalifica el perfil de los delegados federales, establece el común denominador del bajo nivel de los funcionarios de primer nivel.


En este paradójico contexto se enmarcan las declaraciones -hasta ahora no desmentidas oficialmente- de Octavio Hernández Lara, Coordinador del Movimiento de apoyo a niños trabajadores de la calle, A.C. (“Matraca”) a un diario local, en las que se afirma que a nivel nacional Veracruz ocupa el lugar 29 en atención a la infancia, destacándose que actualmente existen 340,500 infantes en total indefensión.


A lo que nosotros agregamos: si los niños veracruzanos no están bien, no es posible ni conducente afirmar machaconamente: “Vamos bien; Veracruz late con fuerza”, como se destaca en los manidos slogans de la promoción mediática de imagen de la actual administración pública veracruzana. El estado que guarda el bienestar de los niños es la medida, en tanto estos son la expresión más elocuente del nivel de deterioro de la familia veracruzana que, lejos de mejorar acusa un constante retroceso.


En tanto la desigualdad y la pobreza se mantengan intocables, sujeta en su combate a paliativos demagógicos de corte electorero, muy difícil resulta aceptar que Veracruz marcha por el camino correcto. Pese a las buenas intenciones del gobernante, su ir y venir por todo el estado, y su política de cercanía con la gente, los problemas sustantivos del desarrollo están intocados. Subsisten los altos niveles de marginación, analfabetismo, insalubridad, desempleo, con especial énfasis en las comunidades indígenas remontadas en las regiones serranas. Los integrantes del gabinete ni idea tienen de lo que significa enfrentar las tareas del desarrollo, porque tampoco tienen la más mínima idea de lo que en términos técnicos y políticos representa una concepción racional, equilibrada y sustentable de planeación del desarrollo regional.


Lo cotidiano es la inmediatez, acciones inconexas, palos de ciego en la coyuntura, que se reflejan en lo contradictorio de las declaraciones de los señores funcionarios de primer nivel a los medios de información, cuando reciben y acatan instrucciones para ello, sin el mínimo de iniciativa propia y congruencia con la realidad que vive Veracruz. Baste saber que una dependencia que no sabe diferenciar objetivos de crecimiento económico de los que corresponden al desarrollo en su más amplia acepción, a bombo y platillo anuncia la creación de miles de empleos, en su mayoría temporales, así como del otorgamiento de otro tanto de miles de micro créditos destinados al autoempleo; medidas que fortalecen la ocupación informal pero que no contribuyen a resolver problemas estructurales de fondo de una economía estancada. U otra, presuntamente llamada a velar por los derechos de los trabajadores, reflejando a su interior lo que ya es común en el sector empresarial de la entidad, acepta sin más que un alto porcentaje de su personal no percibe un salario digno ni cuenta con derechos laborales.



Las incongruencias que a diario se observan dejan mucho que desear del gobierno estatal en su conjunto. Querientes y malquerientes reconocen el esfuerzo del gobernante en turno, pero en tanto subsista la desigualdad y la pobreza, generadoras de niños en condición de calle ó sujetos a explotación laboral y violencia, de ninguna manera se puede afirmar que el 95 por ciento de la población comulga con el desempeño de la administración pública veracruzana.



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