Veracruz. ¿Quién debe ir a la carcel?

Por J. Enrique Olivera Arce


Para alimentar la ironía. Así como el Congreso local aprobara un “plan veracruzano de desarrollo” que no sugiere otra cosa que buenos deseos sobre un proceso económico y social que acusa profundos rasgos de rezago estructural, con el mismo entusiasmo e ignorancia señoras y señores diputados piden cárcel para los alcaldes que no cumplieran en tiempo y forma con la entrega de sus respetivos planes municipales de desarrollo, como lo hiciera público el diputado Américo Zúñiga Martínez.

Pasando por alto los “representantes populares” que si el plan estatal que aprobaran por unanimidad, carece de valor práctico, da lo mismo que existan o no 212 documentos similares. Reduciendo un  proceso técnico administrativo por principio complejo a un asunto legaloide  de mero trámite burocrático. ¡Vaya desperdicio, ganando lo que ganan señoras y señores diputados!

Pero no sólo eso. Hasta donde se sabe y partiendo del supuesto de que la mayoría de los Ayuntamientos veracruzanos atraviesan por explicables aunque no justificables carencias financieras, la diputación mide con el mismo rasero  a los 212 alcaldes. Sin parar mientes en que, en muchos casos, éstos no cuentan con el mínimo de conocimientos y recursos para cumplir con lo que la legislación les obliga, en tanto que otros, sin considerar la necesaria complementariedad, congruencia y quehacer gubernamental en materia de desarrollo económico y social, desvían cuantiosos  recursos para adornarse políticamente presentando en tiempo y forma verdaderos mamotretos, carísimos en su elaboración, sin pies ni cabeza y al margen del contexto regional en que se ubica su respectivo municipio.

El contenido del plan veracruzano de desarrollo no tiene carácter de secreto ni está blindado a los ojos de la ciudadanía. Es un instrumento de políticas públicas, abierto al análisis y consideración de todo el que esté interesado en conocerle y consultarle. Incluidos investigadores serios, de renombre nacional e internacional, que conocen un poco o un mucho más del paño que la diputación local y el común de los mortales.

¿Cómo ante éstos o sus Centros de Investigación, el gobierno estatal va a poder justificar que Veracruz marcha por “el camino correcto”? Cuando el todo y las partes del instrumental planificador resulta un verdadero rompecabezas, con 212 planes parciales que no guardan congruencia ni complementariedad con un a su vez incongruente Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que no toma en cuenta la realidad presente de la entidad y el contexto nacional dentro del cual se inscribe, como ya en un primer análisis lo destaca la Fundación CEIDAS en nota divulgada en la prensa nacional.

Bastaría a los estudiosos el comparar lo dispuesto en el instrumento centralizador con el plan municipal de Xalapa, capital del estado, y este, a su vez, con el de los Ayuntamientos de Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata y Coatepec, para confirmarse de racionalidad. Pues en tanto el primero se dice responde a objetivos y metas en un horizonte de 30 años, los demás escasamente atienden a demandas y disponibilidades a considerar en un trienio, dado el nivel desigual de desarrollo regional y municipal de Veracruz.

Bajo este supuesto, la pregunta obligada sería: ¿Quién debe ir a la carcel? ¿Los alcaldes morosos o los diputados locales, empezando por Américo Zúñiga Martínez? Seguramente ninguno. Ante la proximidad del proceso electoral del 2012 resulta más conveniente para todos el no hacer olas. Luego para qué tanto grito y sombrerazo, que no sea una cortina de humo, un distractor más para ocultarle a la ciudadanía lo inocultable sobre el desempeño de la administración pública estatal y municipal en el pasado reciente.

¿O acaso ya se solventaron penalmente las irregularidades detectadas de los ahora ex alcaldes que saquearan arcas públicas  en el trienio anterior? ¿Y lo que falta por salir a la luz de la pésima y corrupta administración pública estatal de la fidelidad? No olvidemos que la revisión de la cuenta pública del 2010, corre a cargo de la actual Legislatura local.

Si tomamos en consideración lo declarado por el secretario veracruzano de finanzas, el proyecto de presupuesto de la administración pública estatal y municipal para el 2012 se elaborará bajo la modalidad de “presupuesto base cero”, o “presupuesto por programas”, es de imaginarse entonces que en su momento la propuesta del ejecutivo le pasará de noche a la Legislatura, habida cuenta de que para la representación “popular” el Proyecto de Presupuesto 2012 será un rompecabezas más de programas fuera de contexto, acompañado de un verdadero galimatías de proyectos y estudios de factibilidad elaborados al vapor.

 No hay que quebrarse la cabeza. Diputadas y diputados aprobarán también por unanimidad, sin chistar y sin conocimiento de causa previo, lo que pomposamente habrá de denominarse “Ley de Egresos 2012”.

Lo que mal empieza mal acaba. Sin considerar que el presupuesto del 2012 se aplicará a cubrir compromisos del 2011 y el aprobado para el presente año fiscal, a pendientes y adeudos heredados de la administración de la fidelidad.

No cabe duda de que calladitos se verían más bonitos. ¿O no, diputado Américo Zúñiga Martínez?