¿Tu también Fidel?
J. Enrique Olivera Arce
J. Enrique Olivera Arce
El Senado de la República, tras aceptar que la nueve ley del ISSSTE adolece de errores y limitaciones y prestar oídos sordos a la protesta ciudadana, aprobó la minuta del mencionado ordenamiento que le turnara la Cámara baja. El argumento central esgrimido por la alianza PAN-PRI en el Congreso de la Unión, es que es la única forma de evitar la quiebra de la institución. Cuando de antemano se sabe que una de las causas permanentes del quebranto ha sido la corrupción y el despilfarro por parte de quienes le han administrado.
También se argumentó que las reformas a la ley no necesariamente implican privatización, que no afecta a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el gobierno federal, ni modifican las condiciones vigentes en el pago de las pensiones en curso. Aclarándose que la individualización del ahorro para el retiro tendrá efecto obligatorio únicamente para las nuevas contrataciones y potestativo para la actual plantilla laboral. No obstante que también es sabido que la tendencia actual en la materia, tanto en el sector público como en el privado, es la contratación temporal por honorarios y por tanto, al margen de las prestaciones contempladas por la legislación laboral.
Lo cierto es que con las reformas se impulsa el proceso de privatización y se acaba de un plumazo con el carácter solidario de la seguridad social para los trabajadores al servicio de la federación. En tres años más, como lo establecen las reformas aprobadas, la administración de los fondos pensionarios pasará a manos de las Afores privadas, siguiendo el mismo destino que las de los trabajadores afiliados al IMSS. La banca internacional que opera en nuestro país será la beneficiaria y, lo que es peor aún, tanto el ISSSTE como el IMSS seguirán siendo administradas con los mismos niveles de corrupción e ineficiencia hasta que mueran por inanición.
Como Veracruz nunca puede quedarse atrás en el absurdo afán gubernamental porque la entidad juegue en las grandes ligas, seguirá los mismos pasos del gobierno calderonista. Salvará al IPE de la quiebra con una reforma a la ley reglamentaria de la institución similar, a la par que con la venia del poder legislativo, bursatilizará el fondo de pensiones que, entre otras cosas, es de los trabajadores al servicio del gobierno de Veracruz y no del poder ejecutivo. Las preguntas obligadas son: ¿Se ha consultado a los trabajadores? ¿Se evitará la quiebra del IPE con una copia al carbón de la legislación aprobada por el Congreso de la Unión?
Las respuestas son también del dominio público. Para las autoridades la opinión de las cúpulas sindicales maiceadas es la opinión de los trabajadores. Y no hay poder humano que evite la quiebra de la institución en tanto la administración del instituto esté en manos de la corrupción y la ineficiencia. Pues si tenemos un poco de memoria, recordemos que los mayores quebrantos de la institución no han sido resultado del otorgamiento de pensiones a quienes legítimamente se lo han ganado con su trabajo y aportaciones. No es fácil olvidar que han sido muchos los casos que se han hecho públicos de funcionarios, académicos y aviadores a los que se les han concedido pensiones de privilegio. Si hoy el IPE ronda las cercanías de la quiebra, ello es resultado del histórico y criminal saqueo por parte de sus administradores al que ha contribuido cuando menos el silencio cómplice de las dirigencias sindicales.
Y como siempre, los que darán respiración artificial a una institución ineficiente pero necesaria, no serán los poderes ejecutivo y legislativo, que bien se guardan de exigir el reembolso de lo saqueado. La carga social descansará en las espaldas de los trabajadores y los beneficios en los bolsillos privados.



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