Modelos de desarrollo contrapuestos

J. Enrique Olivera Arce

Los nombres de los beneficiarios pueden ser, a juicio de comentaristas y especuladores, sorpresa ó confirmación. Pero lo que no constituye sorpresa alguna es el hecho de que con el nombramiento de los miembros del gabinete económico, Felipe Calderón ratifica su decisión de conducir al país por el camino trillado del neoliberalismo pactado en el llamado “Consenso de Washington. Modelo que los propios organismos internacionales que le promovieran ponen en duda como agotado e inviable. El perfil de los designados, formados en instituciones privadas nacionales y extranjeras de educación superior, apunta en tal sentido. La tecnocracia vinculada a las trasnacionales vuelve por sus fueros, con nuevos ímpetus pero no necesariamente con mejores resultados.

Así que no será nada extraño que el eje de la política económica del gobierno calderonista siga la misma pauta que la de su antecesor, pero con mayor eficacia, poniéndose el énfasis en el achicamiento del Estado frente al mercado; reformas estructurales en las áreas fiscal, energéticos y laboral, y atención marginal a los sectores más desprotegidos de la población con programas sociales de tipo asistencial. En pocas palabras, más de lo mismo, con la diferencia de que las condiciones políticas en México ya no son las mismas que las que prevalecieran durante el período que va de Miguel de la Madrid a Vicente Fox. Hoy día el horno ya no está para bollos como para reincidir en un modelo de desarrollo que en México ha probado su ineficacia, propiciando estancamiento económico y empobrecimiento creciente de la población.

Si lo que se buscaba con el mensaje que lleva implícita la designación del gabinete económico, era el contrarrestar el trasmitido por López Obrador el día anterior, 20 de noviembre, a mi juicio resultó contraproducente. La ciudadanía pudo captar dos modelos de desarrollo diametralmente opuestos. En el que el propuesto implícitamente por Calderón, justifica sentido y contenido de los 20 puntos programáticos que explicitara el autonombrado “presidente legítimo”. Opiniones, críticas, y muestras de beneplácito de las cúpulas empresariales, vertidas a partir del tempranero anuncio oficial de la conformación del gabinete económico con el que iniciará gobierno el aún Presidente electo, lo están confirmando. En el próximo sexenio presidencial transitaremos por la derecha sin que existan visos aún de alguna intención de rebasar por la izquierda a lo ofertado en campaña por el candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

Lo anterior pues, no constituye ninguna sorpresa. En el plan 2030 que ha venido proponiendo Felipe Calderón a las cúpulas empresariales, políticas, gremiales y religiosas, para la modernización, competitividad, y desarrollo del país, se priorizará la acumulación de capital para crear condiciones propicias para una ulterior distribución de la riqueza generada. Así, bajo el supuesto calderonista de que el PAN gobernará al país cuando menos hasta el 2030, - y que el PRI y algunos sectores del PRD ya está validando- la atención a la desigualdad existente y el combate a la pobreza quedan condicionados a un crecimiento económico sustentado en reformas estructurales estratégicas llamadas a favorecer a los dueños del capital, nacionales y extranjeros; en las que va implícita e imbricada la privatización de la educación y la flexibilización laboral. No es circunstancial que en el gabinete económico no figuren egresados de instituciones públicas de educación superior ni mucho menos se perciba un mínimo de sensibilidad social en los designados.

Para los que consideran que la autodesignación del “presidente legítimo” y el movimiento social en que este se apoya, constituye una bufonada, un elemento más a tomar en cuenta para diagnosticar pérdida de la razón de quien llama a reconstruir las instituciones republicanas, combatir la corrupción, preservar soberanía, fortalecer la educación pública obligatoria y gratuita, así como impulsar salarios remunerativos y ampliación de la seguridad social, bien les valdría revisar la ligereza de sus apreciaciones. Lo que está a debate no es si López Obrador está loco, atenta contra el estado de derecho, ó si el PRD pierde capital político enfrentando a la institucionalidad del sistema político. Lo que está en juego es el futuro de México y este se inscribe dentro del marco del modelo de desarrollo que más convenga a los intereses nacionales.

No hay duda de que Calderón Hinojosa será a partir del primero de diciembre Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad ciudadana expresada en las urnas. Ya no hay vuelta de hoja, pero ello no implica el extenderle un cheque en blanco y aceptar sin discusión políticas públicas contrarias a los intereses de la mayoría de los mexicanos. El debate está abierto, y en este marco de discusión, acotamiento y contrapeso a las decisiones unilaterales de la Presidencia de la República se ubica el movimiento que encabeza el “presidente legítimo” como eje de la oposición de izquierda. Otra cosa es el que por todos los medios se quiera reducir a los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista a simples marionetas “institucionales” de un sistema electoral que, en el México de hoy, ha caducado.
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