Crisis en el campo. Se anticipa la apertura comercial pactada en el TLC


J. Enrique Olivera Arce



Xalapa, Ver., 15 de enero de 2006.- Hablar de rescate del campo mexicano es hablar fundamentalmente de los productores de granos básicos, hoy polarizados entre grandes empresas tecnológicamente avanzadas y ejidatarios y minifundistas privados. Lo mismo que es hablar de productividad que, en términos neoliberales implican mayores volúmenes de producción por capital invertido, en el que va implícita la superficie sembrada, insumos aplicados, mano de obra y, sin duda riego y maquinización de preparación del suelo, siembra, cultivo y cosecha.



El otro término empleado por los tecnócratas neoliberales, relacionado con el cultivo de granos básicos, la competitividad, se refiere a los costos de producción por tonelada cosechada y el valor de esta en el mercado, comparada con los precios que se fijan globalmente desde Chicago, en el país vecino, para igual volumen y calidad similar.



Dentro de este esquema planteado de manera simplista, se mueven los productores. Lo mismo los grandes productores privados que los minifundistas y ejidatarios. Así, tenemos que los primeros que cuentan con mayores recursos financieros y tecnológicos podrían estar en condiciones de producir más al menor costo posible, en tanto que los segundos, prácticamente y en términos muy realistas, quedarían al margen de los mínimos de productividad y competitividad y, por tanto, fuera del mercado globalizado.


Con la pequeña salvedad de que en México, a diferencia del país del norte y de la Unión Europea, los productores no tienen el apoyo gubernamental ó subsidio para estar en condiciones de competir en el mercado mundial de granos básicos. Los costos de producción en nuestro país están por arriba del precio internacional y, sin el subsidio de referencia, simplemente no podemos competir.



Bajo la lógica neoliberal, por tanto, conviene más en términos macroeconómicos importar a menor precio los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda interna, que recurrir al subsidio que se otorga a los productores en otras regiones del mundo. Y eso es precisamente la decisión adoptada por el gobierno de Felipe Calderón, sin importar la suerte que corran nuestros productores y, en especial aquellos que no están en condiciones de reconvertir en el corto plazo sus procesos productivos de granos básicos, emigrando a otro tipo de cultivos más rentables, con mayores índices de productividad y de competitividad.



De tal forma que, a partir de la crisis actual de abasto de maíz -que bien pudiera ser simple especulación armada por los monopolios de la harina utilizada en la elaboración de la tortilla-, México se anticipa a lo que muchos contemplaban como amenaza para el 2008, abriendo de par en par las puertas a la importación del grano, libre de aranceles, como estaba previsto que el próximo año aconteciera al aplicar los compromisos adquiridos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Es en este contexto que el gobierno del estado ha declarado que el 2007 será el año del campo, previéndose importantes apoyos presupuestales para las actividades agropecuarias que, independientemente de sus resultados, no modificarían en lo absoluto el panorama al no contemplarse ningún subsidio que tienda a revertir el esquema descrito.



La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos campesinos de la CNC en la entidad, apéndice gubernamental, no ha dicho al respecto esta boca es mía. Guardando silencio no obstante contar entre sus filas a expertos que conocen bien del paño.



A lo anterior vale la pena destacar que también el gobierno estatal ha declarado temerariamente que en Veracruz nadie se quedará sin comer tortillas. Olvidándose de que, independientemente de que el monopolio de la harina baje los precios de la materia prima y la tortilla pueda retornar a bajo costo a los hogares veracruzanos, con la apertura comercial dispuesta por el gobierno federal un porcentaje importante de nuestros hombres del campo serán desplazados del mercado y, por tanto, empujados al sector poblacional que se debate entre la pobreza y la pobreza extrema, que ya no están en condiciones de consumir el mínimo nutricional de energéticos requerido para una vida sana. Estos, al no haber disposición gubernamental de controlar los precios de los productos agropecuarios que participan en la canasta básica, para no afectar a los monopolios agroalimentarios, es más que seguro que no incluirán más en su dieta a la tortilla, privilegiando al consumo de pan de trigo, más accesible al bolsillo de los pobres.



Quedaría pues como pendiente, el que los secretarios estatales de desarrollo económico, agricultura y desarrollo social, expliquen ampliamente el como, el cuando, el donde, y, sobre todo, con que y en que proporción del presupuesto, se apoyará al campo veracruzano en el 2007 y a los consumidores, para dar cumplimiento a los ofrecimientos gubernamentales. En la inteligencia de que ya no funcionan los programas asistencialistas de maquillaje frente a la gravedad de una problemática que ya no aguanta más simulación.



No se pueden pedir peras al olmo, por lo que no nos atrevemos a sugerir que el Congreso local tome cartas en el asunto.