Calderón en la encrucijada

J. Enrique Olivera Arce

El cobro de facturas ya está en la mesa de acuerdos del Presidente electo. De los plazos para su pago dependerá en mucho el futuro de México. Previéndose que el pago de compromisos de campaña, responderá a adeudos de tipo coyuntural, como los políticos, que bien pueden diferirse tanto como la correlación de fuerzas partidistas lo permita, y los de carácter estructural, de orden sistémico, como las reformas laboral, energética, fiscal, cuyo pronto pago es ya exigido por la cúpula empresarial doméstica y las trasnacionales como condición sine qua non para asegurar el crecimiento económico del país.


Si partimos de la idea de que el Presidente electo afirmara que primero hay que generar riqueza para poder ulteriormente repartirla mediante el fortalecimiento de los programas sociales de combate a la pobreza, la prioridad está marcada. El pronto pago de la exigencia empresarial será una de las medidas estratégicas a privilegiar desde el inicio de la próxima administración. La profesora Elba Esther Gordillo tendrá o bien esperar ó bien hacer maletas caso de ser víctima propiciatoria de su propio enredo hoy factor de peso en el conflicto magisterial en Oaxaca.


El pelo en la sopa estriba no en la falta de disposición de Calderón Hinojosa al pronto pago sino en la limitada capacidad de maniobra con la que se espera este llegue al primero de diciembre; estando obligado a legitimar su mandato antes de afrontar la carga política que implica el someter a consideración del Congreso las iniciativas de reforma estructural. Tarea que puede llevar más tiempo del aceptable por los acreedores, de ahí la desesperación del Presidente Electo ante la posibilidad de heredar el conflicto oaxaqueño a la par que ser estorbado por un movimiento social de resistencia que lejos de menguar se agudiza, incidiendo negativamente en las tareas normales del Congreso de la Unión.


Contagiado por el síndrome de foxilandia, Calderón se aparta de la realidad, apostándole a la reconciliación política y social, anteponiendo el supuesto de que en su administración “estará vigente la premisa de que en México todos cabemos, de que en México todos somos iguales…”. Falacia poco creíble en el marco de las actuales condiciones políticas del país cuando la desigualdad es causa y no efecto de la crisis política y cuando el mismo Calderón insiste en dividir a los mexicanos excluyendo a los “violentos”.


Sin legitimización previa que haga valer lo endeble de un gobierno de minoría; sin un Congreso que acepte dócilmente el que a los trabajadores les sean arrebatadas sus conquistas históricas y derechos tutelados por la legislación laboral actual, y con un movimiento en marcha opuesto a la profundización de la privatización del patrimonio de la Nación, Calderón está entre la espada y la pared. Perdido en la encrucijada, el Presidente electo exhibe su debilidad y de ello se da cuenta la cúpula empresarial exigiendo con mayor razón el pronto pago, valiéndose con descaro incluso del chantaje, condicionando la inversión y generación de nuevos empleos a las reformas estructurales, empezando con la laboral, como lo señalara León Halkin, presidente de la Concamin.


Si el costo de la campaña electoral que le condujera a su posición de Presidente electo para Calderón no sólo resultó demasiado alto en términos de capital político de coyuntura, para la Nación el sobregiro en términos de compromisos sistémicos estructurales, resultará ser una pesada carga en el mediano y largo plazo que como siempre tendrán que llevar sobre sus espaldas los excluidos de siempre.


Lo paradójico del asunto es que para que las reformas estructurales tengan viabilidad y sean exitosas para el sistema, el capitalismo mexicano está obligado a depender de sus trabajadores, los que por cierto ya no están dispuestos a permanecer en lista de espera. O se revaloran prioridades privilegiando el rescate de condiciones de vida digna para las clases populares con pleno reconocimiento y respeto a sus conquistas laborales y sociales ó se tendrá que afrontar el costo de la ingobernabilidad. Calderón Hinojosa tiene la palabra.



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