Instituciones republicanas,

estado de derecho y

malas conductas

J. Enrique Olivera Arce

“México se encuentra viviendo horas definitivas para observar y evaluar la consistencia, ya no de la traídas y llevadas instituciones o del ajetreado estado de derecho, sino de la capacidad para procesar conflictos políticos que ponen en serio riesgo la convivencia social”.
Javier Oliva Posada

Tras una reñida contienda en la que para variar hubo de todo, la elección en Chiapas deja un mal sabor de boca. Una vez más se cuestiona la limpieza de un proceso electoral en el que se pone en duda tanto la neutralidad gubernamental como el apego a la ley por parte de los principales actores políticos. Hasta el momento de escribir estas líneas, los candidatos de la Coalición por el bien de Chiapas y la Alianza del PRI-PVEM, apoyada por el PAN y el PANAL, siguen enredados en acusaciones de mutua desconfianza y descalificación en torno al resultado de la jornada electoral, en tanto que la ciudadanía incrementa su percepción de que los únicos responsables de la pérdida de credibilidad en la legalidad y en las instituciones, son los propios actores políticos que con sus actos se apartan del estado de derecho, invalidándolo.
Los responsables de los entuertos son los políticos, que sean ellos los que los enderecen. Percepción popular cercana a la de las fuerzas armadas que según trascendiera, tienen claro que el entuerto es obra de los civiles y a estos les toca resolver.
Nadie más que quienes responsables de la representación popular, conducción del país y partidos coadyuvantes estando obligados a respetar y hacer respetar la ley, parecen ser los primeros en desconocer tal principio de convivencia. La clase política, casi sin excepción relevante, renuncia de facto a la importante y trascendental tarea que le tiene asignada la sociedad.
Si en el estado de Chiapas en la elección del 2 de julio se alcanzó una participación ciudadana del 49.5 por ciento, histórica para esa entidad federativa, el pasado domingo 20 de los corrientes esta disminuyó al 44.4. En escasos 48 días la convicción de los chiapanecos de que el voto de cada ciudadano cuenta, se redujo en 5 puntos porcentuales. Confirmándose la percepción de una creciente pérdida de credibilidad de una ciudadanía frustrada y cansada de la manipulación de que es objeto en nombre de la democracia, las instituciones republicanas y el estado de derecho.
En esos mismos 48 días actores políticos y sus corifeos orgánicos en todo el país, han repetido hasta el cansancio que el estado de derecho es la medida de todas las cosas; que en el respeto a la ley y a las instituciones se sustenta la paz social y que, por ende, es dentro de este marco que deben dirimirse diferencias y conflictos. El propio presidente Vicente Fox ha advertido que la ley no puede estar sujeta a caprichos y que la democracia demanda respeto y tolerancia, orden, responsabilidad y patriotismo, pero no cede en su postura de declarar al candidato presidencial de su partido como presidente electo (“claro triunfador”), aún a sabiendas de que la elección no acaba hasta que se acaba. Tales manifestaciones y desgarre de vestiduras se invalidan por sí mismas cuando quiénes lo expresan, con su conducta, dicen al pueblo lo contrario.

Como colofón, el mismo señor que ante la Soberanía del pueblo en el Congreso de la Unión jurara cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, públicamente hace patente su desprecio para con la Carta Magna, cuestionando su plena vigencia porque algunos de sus ordenamientos son obsoletos y fueron “hechos con los pies”. Esta grosera afirmación del titular del Poder Judicial de la federación, el juramentado Mariano Azuela Hitrón, no es sino muestra inequívoca de falta de respeto a nuestra historia como Nación; al Poder Legislativo y lo que este representa; a más de una grave injuria al pueblo de México y sus instituciones. Este es el estado de derecho y no otro, al que de manera reiterada hace mención nuestra clase política.
Definitivamente si algo valioso nos deja la experiencia histórica de las elecciones en México y en especial las del 2 de julio y la del 20 de agosto, es que una gran mayoría de los mexicanos hemos tomado conciencia de que una cosa son las instituciones que nos hemos dado y por ende merecen reconocimiento y respeto y, otra, lamentable por su persistencia, son las conductas asumidas por quienes las materializan. Hombres y mujeres de carne y hueso que en nombre de la justicia y el estado de derecho, ceden frente a la corrupción moral, intelectual y material que domina a nuestros políticos.
Mientras la corrupción sea el denominador común en quienes están obligados a respetar y hacer respetar la norma jurídica, fuente primigenia de convivencia en la razón, poco o casi nada podemos esperar de las instituciones. Mucho menos el que en nombre de estas se convaliden legitimidad, derechos humanos y garantías sociales plasmadas con sangre en la historia de un pueblo que escogiera el camino de la libertad.
Agradeceré sus comentarios: pulsocritico@gmail.com