¿Qué instituciones merecen

el respeto de los ciudadanos?

J. Enrique Olivera Arce

Resulta por demás absurdo el que la decisión adoptada por Andrés Manuel López Obrador y sus varios millones de seguidores sea motivo de escándalo, aduciéndose falta de respeto a las instituciones y desacato a la autoridad y al estado de derecho, cuando desde las instituciones mismas se violenta el orden Constitucional de manera reiterada. Siendo cuestionadas cotidianamente incluso por aquellos que con todo descaro se rasgan las vestiduras.

Lo mismo se califica de loco mesiánico a López Obrador que de antidemocrática y al margen de la ley a la Convención Nacional Democrática, por no apegarse a los límites establecidos a conveniencia de un sistema político obsoleto, decadente y ajeno al espíritu que animara a los Constituyentes del 17. Lo absurdo de ello es que los calificativos aplicados devienen no del conocimiento de la ley, de la reflexión serena y del contexto de un proceso electoral plagado de irregularidades que culminara con el triunfo legal pero no legítimo del candidato panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Una inmensa mayoría de detractores de López Obrador, de la resistencia pacífica postelectoral y de la Convención Nacional Democrática, hablan de oídas, influenciados por la machacona propaganda de los medios electrónicos y con un casi absoluto desconocimiento de la importancia política de un movimiento con el que posiblemente no estaríamos de acuerdo pero que tiene relevancia histórica en la vida de la Nación.

Minimizarlo o ignorarlo, como lo hace el Presidente Vicente Fox, no por ello su importancia es menor, al involucrar a varios millones de ciudadanos que en él perciben respuestas a añejas demandas insatisfechas, y vía para avanzar en la reivindicación de agravios profundos generadores de pobreza extrema y desigualdades intolerables.

Más absurdo aún cuando por ignorancia o pereza mental se confunde al movimiento ciudadano de resistencia con el Partido de la Revolución Democrática, cuya estructura orgánica y cuadros dirigentes no sólo es limitada en el ámbito nacional sino muchas de las veces contrapuesta a los intereses populares. El movimiento de resistencia ciudadana es algo más que eso, trascendiendo los marcos partidistas y el sistema político que les sustenta. Con una incipiente organización, con aún limitaciones programáticas y con una estrategia de crecimiento y desarrollo que a la fecha sigue siendo una incógnita por resolver, reivindica ni más ni menos que la revisión y transformación a fondo de las instituciones republicanas. Sí, las mismas cuya eficiencia y eficacia cuestionamos a diario; desde el centralismo de un presidencialismo fuera de época hasta el más pequeño acto de autoridad de los cabildos municipales, pasando por la procuración e impartición de justicia, la representatividad popular en el Congreso de la Unión y Congresos locales, el sistema educativo en todos sus niveles, o los servicios de salud y asistencia social, que ya no responden ni se corresponden con el México de nuestros días. Ya no digamos el sistema político electoral al que se acogen los partidos para medrar a costa del erario público, cuya legitimidad ha quedado en duda a partir del 2 de julio.

Falta de credibilidad y desconfianza en las instituciones constituye denominador común en nuestro país. Así que a que instituciones se refieren los detractores del movimiento de resistencia cuando afirman sin reparo la falta de respeto que varios millones de mexicanos movilizados guardan a éstas. Cuando al mismo tiempo esos mismos detractores se guardan de abrir la boca para señalar y denunciar la satrapía con la que desde el poder se violentan principios Constitucionales, se afecta patrimonialmente a la Nación, y se vulneran derechos humanos y garantías individuales y sociales de los ciudadanos.

¿O qué acaso no es pan de todos los días el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad practicada o solapada desde el poder público?

Condenar a los compatriotas que se atreven a alzar la voz, a movilizarse, organizarse y actuar en consecuencia reivindicando la salud de la Nación, no es otra cosa que hipocresía o contubernio, o bien ambas cosas.