Seguridad pública y prevención de desastres

J. Enrique Olivera Arce

Mientras se derraman ríos de tinta y se agita insistentemente el tema de la seguridad pública -o personal vista desde la percepción de la psicosis colectiva que genera la llamada “nota roja”-, la madre naturaleza se encarga de señalar en donde está la prioridad social que objetivamente debe ser objeto de privilegio en el diseño de políticas públicas. Si hechos aislados de violencia criminal movilizan a todo un pueblo, justificando la asignación de crecientes presupuestos a las fuerzas del orden, con mayor razón debería ponerse énfasis en la prevención de desastres naturales que afectan a miles de familias en su integridad física, bienes materiales y fuentes de empleo. Más si estos desastres son resultado, por comisión u omisión, de la ingerencia de la mano del hombre en la modificación del medio natural.

Sin meternos en honduras por lo que a la modificación del régimen climático global se trata, el fenómeno de las inundaciones en extensas zonas de los estados de Veracruz y Tabasco, no es nuevo ni es algo que nos tome por sorpresa. Desde años atrás la contingencia se ha vuelto recurrente y la reacción gubernamental ha sido reactiva, sin que se tomen las medidas pertinentes para aliviarla. Basta recordar la inundación de Villahermosa en octubre del año pasado, que mantuvo a la capital tabasqueña por más de un mes bajo el agua y a su población en permanente zozobra. En Veracruz, ya ni se diga.

A decir de los expertos, el problema es eminentemente técnico y su corrección viable. Requiriéndose, en primer término, un notable esfuerzo de planeación y ejecución de obras de infraestructura hidráulica, reordenación y reubicación de asentamientos humanos, así como medidas de rescate y conservación del medio ambiente, especialmente en zonas costeras. El diagnóstico de los expertos se hizo público durante el encuentro que tuviera lugar en el Instituto de Ecología de Xalapa en 2006, señalándose no solamente las áreas geográficas consideradas de alto riesgo como consecuencia del cambio climático, también se especificaron las razones por las cuales éste fenómeno global tendría mayor incidencia en las costas del Golfo de México y las medidas preventivas y correctivas a adoptar para mitigarlo. La prédica se sembró en tierra estéril, para las autoridades pasó desapercibida la advertencia.

Si bien, por lo que toca a Veracruz, la administración pública hace meritorios esfuerzos por proteger a la población; el gobernador Herrera Beltrán personalmente se avoca a ello como dan cuenta puntual los medios de comunicación, la magnitud de los daños hace insuficiente y a destiempo dicha tarea. Cuando menos en los cinco últimos años, el problema ha rebasado la capacidad de la sociedad veracruzana para prevenirlo y tomar las medidas idóneas para evitarlo en la medida de lo posible.

Se ha establecido por parte de las autoridades estatales todo un sistema de protección civil para casos de desastre que se complementa con el sistema federal para el rescate de la población afectada, así como para el resarcimiento de daños, que en lo sustantivo opera ex post, como reacción inmediata frente al desastre, pero que resulta a todas luces insuficiente en la medida en que no se actúa preventivamente sobre muchas de las causas por las que la naturaleza desbordada, cobra factura por aquellos errores u omisiones de una sociedad que es a la par víctima y victimaria.
Si de seguridad se habla, habría que jerarquizar prioridades y actuar en consecuencia. El azote de la delincuencia está visto responde a situaciones éticas, morales e ineficiencia de las fuerzas del orden, que podrían corregirse con medidas administrativas de relativo bajo costo. Para el caso de desastres que afectan a miles de familias de manera recurrente, año con año, el esfuerzo por aplicar es de orden técnico, fruto de una visión planificadora de largo plazo. Indudablemente de un alto costo, sin embargo, a la larga, resulta más caro a la sociedad el destinar anualmente miles de millones de pesos en atención ex post al desastre que prevenirlo con oportunidad.

En términos políticos, desastre es oportunidad que reditúa en el corto plazo. En términos sociales y económicos y en el marco del desarrollo sustentable, su prevención con visión de largo aliento es tanto urgente como necesaria, aunque políticamente no parezca conveniente.

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