Corrupción, opacidad e impunidad en Pemex. La consulta ciudadana va

J. Enrique Olivera Arce

En mi anterior apunte me preguntaba donde está la capacidad de indignación del pueblo de México frente a hechos que reflejan la profunda crisis de valores que aqueja a la sociedad mexicana; en estas líneas lo refrendo. ¿Dónde está? Porque no puede causar otra cosa que una tremenda indignación el conocer de boca de Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, que en México las grandes corporaciones en 2004 pagaron en promedio sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA.
Esto durante su intervención en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera del jueves 17, en la que además diera a conocer el altísimo grado de discrecionalidad, corrupción y opacidad en el manejo de PEMEX, destacando el manejo de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detallando que el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.
De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de PEMEX en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos, sin que a la fecha estas hayan prosperado.

Uno a uno, los ponentes desgranaron la cadena de irregularidades detectadas en el manejo discrecional de la paraestatal, destacando, entre otras, a lo largo de las intervenciones

La reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, fue otorgada a la empresa española Dragados, tiene un retraso de dos años y los costos pactados originalmente se han duplicado sin que se hayan fincado responsabilidades.
Una empresa noruega rentó al mismo tiempo tres plataformas petroleras por cinco años a Petrobras América, Petrobras Brasil y Pemex, sólo que a la empresa mexicana le envió la más pequeña y con un costo 300 millones de dólares más cara.
Pemex pagó a la trasnacional estadunidense Noble Corporation una plataforma semisumergible, reconstruida, con sobreprecio de 59 mil dólares diarios.
Pemex signó contratos de servicios múltiples con empresas extranjeras para explotar gas en la cuenca de Burgos. Una contratista adquirió una planta recuperadora de azufre para la paraestatal con un costo directo de 46.4 millones de dólares, que al final se convirtieron en 102 millones de dólares. A las corporaciones extranjeras, entre ellas Repsol, en la cuenca de Burgos, se les autorizan pagos por costos indirectos hasta del 125 por ciento.
Pemex Internacional constituyó Pemex Financial Trust en noviembre de 1998, bajo el amparo de leyes de Islas Caimán, no cuenta con empleados y es administrada por un banco en aquella localidad. Como ésa, se han constituido empresas en Dublín, Houston, Aruba, y en otras partes. El consejo de administración de Pemex no recibe información de esas empresas debido a que, “en la perla de la corrupción”, las decisiones de Pemex Internacional pasan por el Comité de Comercio Exterior del Petróleo, que no existe jurídicamente.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación alertó también que el pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina; proponiendo reformas de fondo como el mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes petroleros a inversión; reducir la burocracia, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.
Si para muchos, incluidos la mayoría de los voceros de los medios de comunicación, el debate senatorial en torno a la industria petrolera, ha sido un ejercicio tan inútil como no vinculatorio para el trabajo legislativo previo a la dictaminación de las iniciativas de Calderón Hinojosa, lo que ha salido a relucir en los diversos foros, demuestra lo contrario. No sólo se justifica el debate como una ventana a la que al pueblo de México se le está mostrando crudamente una realidad que de manera tan mendaz es ocultada por el poder. También se confirma la necesidad de la ya obligada e imprescindible consulta ciudadana en torno a un tema que debe interesarnos a todos los mexicanos.
Si para Calderón Hinojosa, de dientes para afuera y sabedor de que sus iniciativas sólo han generado repudio, las cosas no pueden seguir como hasta ahora en Pemex, para el pueblo de México el rescate del patrimonio energético constituye una exigencia vital para la soberanía y seguridad nacional, así como garante del futuro de las nuevas generaciones. El rumbo deseable para PEMEX no puede dejarse únicamente en manos del Congreso de la Unión. Si aún existe un mínimo de capacidad de indignación en este país, esta debe expresarse en consecuencia en la consulta ciudadana.
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